el país requiere la implementación de una política pública como una herramienta para la gestión conjunta, coordinando de manera coherente las acciones de los organismos responsables y aumentando su capacidad institucional. De esta manera, se evita la duplicación de esfuerzos, y la fragmentación de labores buscando la participación de los actores locales en la gestión y promoción de la seguridad y la convivencia ciudadana. Adicionalmente, se debe fortalecer el sistema de registro, gestión y análisis de la información y de estadísticas, junto con un mecanismo adecuado de monitoreo y con la inclusión de la ciudadanía corresponsable en la construcción de convivencia pacífica.